El representante a la Cámara, Julio Roberto Salazar Perdomo, le propuso al Gobierno Nacional, a través de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhamad González, que el modelo implementado en Cundinamarca con las organizaciones sociales sea el que se use en Colombia para reducir el impacto de la deforestación a través de programas de compensación socioambiental.

(Cámara de Representantes, viernes 16 de septiembre de 2022). En aras de establecer alternativas para garantizar la justicia social en la ruralidad de Colombia y teniendo como base el proceso exitoso adelantado con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y de acueducto en el departamento de Cundinamarca, el representante a la Cámara, Julio Roberto Salazar Perdomo, propuso trabajar de la mano con las organizaciones sociales, como mecanismo para reducir el impacto de la deforestación y hacer efectivos los programas de compensación socio-ambiental.

La proposición fue elevada durante la sesión de la Comisión 5ta, donde se analiza y debate el presupuesto para el sector ambiental de la vigencia 2023.

“Hemos invitado a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a conocer la experiencia de Cundinamarca en lo concerniente al trabajo con las Juntas de Acción Comunal (JAC), para, a partir de esta, aportar a la protección del ecosistema. Es importante aprovechar el conocimiento que del territorio tienen los comunales, pues es a través de ellos que se puede reducir el impacto de la deforestación. Las JAC, gracias a ese conocimiento de la región y al gran valor que les otorgan a sus entornos, están en la capacidad de ejecutar los programas de compensación socio-ambiental de manera inmediata y eficaz”, explicó el congresista cundinamarqués.

Salazar Perdomo añadió que el país requiere sembrar árboles y trabajar de forma decidida en los procesos de restauración. “Los comunales están listos para aportar a tan importante tarea. El mecanismo que proponemos es integrar las compensaciones ambientales, ampliando su cobertura a sectores que hoy están por fuera de las inversiones, a las comunidades y los ecosistemas afectados por sus problemas”.

Ante la propuesta del congresista, la ministra dijo que esta alternativa es una gran opción para el presente y futuro del país. “Como lo decía el representante, no solo en términos de conocimiento sino en la capacidad de manejo de recursos. Lo que yo siento en el movimiento ambiental colombiano es que hay una gran energía de transformación positiva de los territorios y nosotros no estamos institucionalmente aunando esfuerzos con esas organizaciones sociales, campesinas, ambientales, urbanas y rurales, que tienen un gran potencial de hacer cosas. Si pudiéramos aunar esfuerzos, creo que sería más rentable en términos de tejido social. La restauración ecológica es una gran oportunidad de desarrollo local territorial, de Juntas de Acción Comunal, de comunidades, de usuarios de acueductos; es una gran oportunidad si podemos hacer que los recursos lleguen de manera directa a ellos”, indicó.

Cooperación internacional: fuente de financiación del sector.

Frente a la necesidad de financiación, el representante Julio Salazar argumentó que, teniendo en cuenta que el sector ambiental es transversal tanto a las áreas del desarrollo como al componente social, este necesita de la cooperación internacional para obtener recursos; por lo tanto, resulta imperante formular proyectos desde el Gobierno Nacional que apalanquen dichos capitales.

“Bajo esta premisa, se hace necesario, en la proyección del presupuesto del 2023, priorizar la inversión en las entidades que realizan investigación, admitiendo el conocimiento como motor de desarrollo. Es claro entonces que, con información, se inicia el diagnóstico para la toma de decisiones del sector”, puntualizó el representante Julio Roberto Salazar.